TAL COMO AYER, EL SILENCIO COMPLICE DE LA PRENSA

Operación Colombo: La prensa que se calló con Pinochet,

En 1975, 119 opositores a la dictadura militar chilena murieron indefensos y pasaron a engrosar la lista de los detenidos desaparecidos. Los diarios oficialistas de la época fueron cómplices de una burda campaña de desinformación y manipulación de los hechos.

Por Marco Herrera Campos.
Pocos periodistas de izquierda que ejercieron en Chile, en la prensa de derecha durante la dictadura de Augusto Pinochet, HAN TENIDO EL VALOR DE RECONOCER QUE SINTIERON MIEDO O NO QUISIERON SABER DE LOS HORRORES QUE COMETÍA LA POLICÍA POLÍTICA EN LAS DÉCADA DE LOS SETENTA Y OCHENTA. Uno de estos profesionales fue la periodista María Angélica de Luigi, que durante varios años escribió en la sección política del Cuerpo D de El Mercurio, el decano de la prensa nacional y uno de los principales instigadores del golpe militar de 1973, y nunca se atrevió a escribir y menos a sugerir, en las reuniones de pauta, temas vinculados a los derechos humanos.
El mea culpa de la periodista puso sobre la mirada de la opinión pública a todos aquellos profesionales que por diversos motivos tuvieron que trabajar en la prensa adicta al régimen de Pinochet, sobre todo a quienes cumplieron roles directivos o cubrieron frentes sensibles como política, tribunales o policía. El testimonio de María Angélica de Luigi dejó al descubierto a muchos otros periodistas que olvidaron su deber con la verdad y bien común, y que pudiendo, nunca escribieron o investigaron sobre las violaciones a la vida que se cometían a diario en el país.
Lo que sigue es un extracto de su carta pública aparecida en un medio de sátira, en su edición del 9 de diciembre de 2004. “Lo siento. Mientras Mónica González, Patricia Verdugo, la Camus, la Monckeberg, la dulce y angustiada Elena Gaete, del Apsi, arriesgaban la vida, yo me daba gustos de perra fina bajo los aleros de El Mercurio.
Gustitos: escribir bien, forzar preguntas inteligentes, poner en aprietos, colar entrelíneas sofisticadas. ¿Alguien planteó en alguna pauta en El Mercurio que había que hacer un reportaje a los cuarteles de la Dina? Yo tampoco. No puedo culpar a nadie. Nunca se me censuró. Perra. Mientras a otras chilenas les rompían la vagina con animales, botellas, electricidad, les daban puñetazos y mataban a sus hijos y padres, yo le leía cuentos a mi hijo, pololeaba, iba a las cabañas de los periodistas en El Tabo, usaba suecos y minifalda, carreteaba, ¿era feliz? Lo siento… Pedir perdón a todos, a nadie… Fui una perra. Güevona.”
Operación silencio
Para entender lo que sucedió con el periodismo en la década del 70 y 80 en Chile, hay que señalar que en 1973 el 36,6 por ciento de la prensa escrita era proclive a la Unidad Popular, la coalición de partidos políticos que apoyaba a Salvador Allende. Tras el golpe militar, uno de los objetivos principales de Pinochet fue silenciar a la prensa de izquierda y lo hizo con éxito, a sangre y fuego. De esa forma, sacó de circulación 312 mil ejemplares diarios, eliminando a los periódicos El Clarín (220 mil ejemplares), El Siglo (del Partido Comunista, 29 mil), Puro Chile (25 mil), La Nación (21 mil) y Las Noticias de Última Hora (17 mil).
Si bien los diarios golpistas sufrieron control y censura, una vez pasada la represión militar pudieron circular sin ningún tipo de trabas, salvo las impuestas por los celadores de la pureza ideológica del régimen. Permanecieron de esta manera los diarios La Tercera (220 mil ejemplares), El Mercurio (126 mil), Las Ultimas Noticias (81 mil), La Segunda (55 mil), Tribuna (40 mil) y La Prensa (29 mil). En total, 541 mil ejemplares diarios.
Los militares además clausuraron cerca de 40 radioemisoras afines al ideario político del Presidente Allende (115 radios de alcance nacional, regional y provincial fueron partidarios del golpe y siguieron en funciones), once periódicos regionales y un centenar de revistas editadas por Quimantú (la editorial del Estado), Horizonte (del Partido Comunista) y Prensa Latinoamericana (del Partido Socialista).
La prensa adicta al régimen de facto tuvo que someterse a las nuevas reglas imperantes que emanaban de un órgano censor: la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), encargada de entregar a los medios “la versión oficial de los hechos”. Y entre los periodistas se impuso una nociva práctica, cuyos efectos aún se perciben en la prensa nacional: la autocensura.
Operación Colombo
Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo chileno -que respondió a esa “versión oficial de los hechos“- tuvo lugar en julio de 1975, cuando los medios de información escritos, afines a la dictadura militar, dieron cuenta de la muerte por rencillas internas de 119 opositores en territorio argentino.
La llamada Operación Colombo dejó para la posteridad uno de los titulares más abyectos del periodismo del terror, aparecido en el diario oficialista La Segunda el 24 de julio de 1975: Exterminan como ratas a miristas. Hasta el día de hoy, los responsables del montaje mediático no hacen su mea culpa. Sin embargo, la sanción ética a los autores intelectuales ya es un hecho.
El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de noticias United Press International (UPI), (filial chilena), y los diarios El Mercurio, Ultimas Noticias, La Segunda -de propiedad de la familia Edwards- y La Tercera -del consorcio Copesa-, entregaron en riguroso orden alfabético los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, dando a entender que en los grupos de resistencia chilenos se estaba produciendo una purga interna, a raíz de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
La información, que fue destacada en titulares de portada, tomaba como fuente primaria a dos publicaciones, la edición del día 15 de julio de la revista Lea de Buenos Aires y la edición del día 17 del diario O´Día de Curitiba, Brasil. Lo curioso de estas fuentes es que salieron a la luz en una única edición y nunca más se supo de ellas.
El montaje mediático -replicado en Chile sin corroboración o chequeo de fuentes- fue una operación muy bien planificada por los organismos de seguridad de las dictaduras del cono sur, en el marco de la Operación Cóndor, destinada a compartir información de inteligencia para la eliminación de opositores y grupos armados de resistencia, entre los que se encontraba como primera prioridad para la policía política de Pinochet -la tristemente célebre Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)- el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido político que había optado por la vía armada para derrocar la dictadura militar. Sus líderes eran Miguel Enríquez y Pascal Allende, sobrino del Presidente Salvador Allende.
La historia de esta infamia periodística se inició en abril de 1975, cuando en territorio argentino se encontró el cuerpo descuartizado del militante socialista David Silberman, supuestamente dado de baja por un comando del MIR. Sin embargo, la verdad era que Silberman había sido capturado por la DINA en Chile, recluido en el centro de detención clandestino de calle José Domingo Cañas y hecho desaparecer por un comando militar.
Posteriormente, el 11 de julio, aparecieron otros dos cuerpos cerca de Buenos Aires, que también habían sido dados de baja por una sangrienta vendetta interna que llevaba a cabo el MIR. En este momento la DINA da inicio al montaje mediático para hacer más creíble la trama de sus ejecuciones a los opositores chilenos e involucra a los diarios afines a la dictadura. La policía política de Pinochet comienza a entregar a los medios nacionales la versión de que en territorio trasandino se estaría organizando un ejército guerrillero.
De esta forma, el diario El Mercurio reproduce el 23 de julio de 1975 un cable de la agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el título de "Identificados 60 miristas asesinados" y con el subtitulo "Ejecutados por sus propios camaradas". En la información se establecía que “de acuerdo con el semanario Lea, la siguiente nómina de miristas chilenos habrían sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha…” agregándose que… “estas eliminaciones se habrían registrado en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia y es la culminación de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero”.
El diario Las Ultimas Noticias publica el mismo día la información de la UPI, bajo el título "Nómina de los ajusticiados", precedido del subtitulo de "Sangrienta pugna en el MIR". En la misma fecha, el diario La Tercera publicó la misma información con el titular en portada: "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres".
El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda titula en primera página y con grandes caracteres: "Exterminan como ratas a miristas", precedido del subtítulo "Gigantesco operativo militar en Argentina" una información atribuible a sus reporteros y entregada en “fuentes responsables oficiales”.
El mismo 24 de julio, el diario Las Ultimas Noticias entrega más información, esta vez a cuatro columnas bajo subtítulo de "Muertos, heridos y fugados" y un título de "Fuerzas de seguridad argentinas abaten a extremistas chilenos". La nota señala que la noticia surge “de fuentes del Gobierno chileno”, sin explicitarlas, y reitera textualmente lo señalado por O’ Día y Lea.
El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y bajo el título “Confirmado: Habían presentado en Chile amparos en favor de los miristas muertos en Argentina”, señala: “Funcionarios de la secretaria en lo criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche que la mayoría de los extremistas del MIR muertos en las sangrientas luchas internas de ese grupo terrorista que desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela, Panamá, México y Francia… tenían presentados en su favor recursos de amparo ante ese alto Tribunal…”.
El mismo 24 de julio, el diario El Mercurio señalaba en su editorial: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de las desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Victimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer victimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos”.
Sanción ética
Tuvieron que pasar más de treinta años para que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile acogiera una demanda interpuesta por el llamado Comité de los 119 y la Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu) y sancionara a los periodistas responsables de divulgar información falsa y mal intencionada. La resolución fue dada a conocer el 21 de marzo de 2006.
El fallo estableció que en el caso de las publicaciones aparecidas en el diario El Mercurio y cuyo responsable era su director René Silva Espejo, quedó claro que los periodistas responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuentes que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir. Y dado que el director René Silva Espejo había fallecido, se le declaró inimputable.
Lo mismo se estableció para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Segunda y cuyo responsable era su director Mario Carneyro, agravado por el uso de titulares agraviantes y sensacionalista tendientes no a destacar una información sino a manipular tendenciosamente la misma. Dado que Carneyro también había muerto, se le declaró inimputable.
Para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario Las Ultimas Noticias y cuyo responsable era su director Fernando Díaz Palma, se estableció que su conducta fue más reprochable ya que a la fecha ejercía la presidencia del Colegio de Periodistas de Chile. Fue sancionado con censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.
En el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Tercera y cuyo responsable era su director Alberto Guerrero Espinoza, éste recibió sanción de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.
El fallo también menciona a la periodista Mercedes Garrido Garrido, y a quien se le atribuye el titular “Exterminan como ratas a miristas”, sin embargo fue absuelta dado que las acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas. A la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, se le aplicó las sanciones de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses.
En un hecho digno de destacar, el Tribunal de Ética señaló que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad. Le faltó la decisión de defender los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la responsabilidad que tuvo la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación.
Si bien la sanción moral por el montaje periodístico en algo viene a reparar el daño causado a los familiares de las víctimas, es sintomático que ninguno de los periodistas sancionados haya apelado al dictamen del Tribunal de Ética y hasta ahora han guardado ominoso silencio. La opinión pública chilena aún espera sus respectivos mea culpa y que los diarios involucrados asuman sus respectivas responsabilidades por el bien de la prensa nacional y la democracia.

NIÑO DE 14 AÑOS FUE LIQUIDADO A SANGRE FRÍA POR CARABINEROS

Sus autores se mantienen activos en la institución; uno es Teniente Coronel y el otro General Director

NIÑO DE 14 AÑOS FUE LIQUIDADO A SANGRE FRÍA POR CARABINEROS

Crimen, impunidad y encubrimiento: El asesinato de Sergio Albornoz Matus.

El 30 de Agosto de 1988 don Sergio Albornoz y su hijo del mismo nombre, volvían a su casa ubicada en la comuna de la Granja. Durante todo ese día trabajaron en un “pololito”. El niño hacía de ayudante de su padre en los trabajos de albañilería. A las 22:30 de la noche llegaron a su humilde hogar. El padre le pidió un favor, que le fuera a comprar cigarros. Su hijo obediente y servicial caminó hasta el almacén de la esquina. Fueron sus últimos pasos.

Al llegar al lugar se encontró con sus amigos, muchos de ellos recuerdan lo sucedido como si hubiese pasado ayer –yo recogí a Sergio, botaba sangre por la boca, trataba de hablar y no podía, mi mamá me gritaba que me entrara que los carabineros también me podían matar a mi- nos cuenta un hombre con una rueda en su hombro y que prefiere no identificarse, habla con nosotros al lado de una animita que recuerda al infortunado niño.

Esa noche, a casi ocho cuadras del lugar, una turba de desconocidos incendiaron una bodega del PEN (programa de empleo nacional) ubicada en la calle Santa Rosa. Por este motivo llegaron bomberos y carabineros. Pero los segundos al no encontrar a nadie contra quién disparar, se movieron hacia el interior de la población, y tal como pasaba en es época, entraron con cascos de guerra, encapuchados y fuertemente armados.

Los destinos de este comando asesino y de Sergio Albornoz, quedarían sellados para siempre. La patrulla era dirigida por el entonces Capitán y estudiante de Derecho Gustavo Adolfo González Jure, hijo del General de Carabineros “Huaso” González. El joven estudiante de derecho deseaba mostrar su hombría frente a su patrulla.

La dictadura de Pinochet había ordenado reprimir con dureza a la gente, tres muertos fue el resultado de esa fatídica noche, en donde Chile entero se puso de pie para protestar por el intento del dictador de legalizar su gobierno criminal, al decidir presentarse como candidato presidencial en las primeras elecciones democráticas luego de 17 años.

Sergio Albornoz tenía 14 años. La patrulla de carabineros comandada por González Jure se apostó en un peladero que daba al frente de la población de Sergio, donde actualmente se encuentra el Hospital Padre Hurtado. Carabineros primero disparó al aire, dispersando al grupo de muchachos que conversaban en la esquina. Sergio se quedó quieto. Pasmado, con miedo y sin saber que hacer levantó los brazos en señal de paz.

Los carabineros le gritaron que se diera la vuelta. Todos usaban capuchas. Eso declararon los más de treinta testigos que presentó la familia y su abogado. El niño quedó de espaldas a la patrulla. Fue en ese momento que lo liquidaron a sangre fría. Un certero disparo entró por su cuello para explotar en su garganta –presumiblemente se usó una bala dum dum, que están diseñadas para explotar al interior del cuerpo- rompiendo sus cuerda bucales y haciendo reventar su joven corazón. No hubo salida de proyectil. Sus amigos de forma valiente y temeraria tomaron el cuerpo y lo arrastraron por el pasaje, su padre salió en calzoncillos a buscarlo, junto a su madre lo llevaron al hospital Sotero del Río, donde ingresó fallecido. El médico fue categórico, le dijo a la madre –ni aunque lo hubiese traído en avión lo salva-.

Días después un supuesto periodista se acercó a la familia, dijo ser de Radio Cooperativa, habló con el consternado padre para ofrecerle casa, auto y un buen pasar a cambio de que no hicieran ninguna denuncia y desistieran de investigar legalmente. La familia rechazó la oferta y con las pocas ganas de vivir que les quedaban, siguieron adelante con la búsqueda del asesino de Sergio.

El abogado Sergio Hevia se hizo cargo de la defensa de la familia. –fue él quien descubrió el asesinato- señala alguien cercano a los padres. Al año renunciaba para entregarle el caso al Abogado Nelson Caucoto, por sentir que Caucoto tenía más experiencia. Aunque Hevia había estado al lado de la familia en los peores momentos.

Mientras tanto en la Comisaría el General Huaso González llamado por su hijo, quien al ver la presión mediática y de agrupaciones de derechos humanos que clamaban por conocer la verdad, le solicito a su progenitor que planearon una forma de encubrir el asesinato, fue así como el General González le pidió al joven subteniente Miguel Ángel Ortiz, que en caso de que el tema pasara a mayores debería entregarse como autor del asesinato, con la condición que Gonzalez padre e hijo lo cuidarían durante toda su carrera. Y así fue, con el tiempo, milagrosamente apareció una bala entera en el lugar de los hechos que supuestamente era de la arma de Miguel Ángel Ortiz, quién esa noche ni siquiera estuvo en el lugar.

Con eso la Fiscalía militar cerró la investigación caratulándola como cuasi delito de homicidio, se inventó la historia que el subteniente Ortiz disparó al aire para dispersar a las personas que participaron de la quema del local del PEN. La justicia lo condenó a la irrisoria pena de 541 días de pena remitida. El subteniente, actual Teniente Coronel, no pasó ni un solo día en la cárcel y menos el responsable real del asesinato y con responsabilidad de mando el entonces Capitán Gustavo Adolfo González Jure actual número uno de la institución. El plan de encubrimiento fue un éxito. Hasta el día de hoy la familia de Sergio pensaba que los carabineros involucrados en el asesinato habían sido dados de baja.

Navarro: “General González Jure debe dar un paso al lado durante investigación”
27 noviembre, 2011 – 19:30No hay comentarios

 El Senador del MAS afirmó que “ha habido una conspiración para ocultar un asesinato” y criticó a la máxima autoridad de Carabineros, Gustavo González Jure, por no responsabilizarse por la investigación del hecho y que en cambio se haya querellado por injurias en contra de Patricio Mery, periodista y director del periódico Panoramas News, quien publicó la denuncia a través de su medio y ahora tiene una orden de detención.
 “Carabineros no se merece una crisis institucional ni debe proteger a nadie. Sólo puede estar comprometido en la lucha contra delincuencia y esta situación la aparta de ello”, señaló Navarro.
Sergio Albornoz Matus es el nombre del joven de 14 años asesinado en dictadura a causa de un impacto de bala perpetrado presuntamente por Gustavo González Jure, actual general director de Carabineros, caso en el que según el senador Alejandro Navarro “ha habido una conspiración para ocultar un asesinato, ha habido suplantación, es decir se han constituido un conjunto de hechos, que de acuerdo a la propia legalidad de Carabineros darían para que los involucrados fueran dados de baja de forma inmediata o suspendido de sus funciones mientras dura la investigación”. Sin embargo, Navarro confesó que contrariamente a ello, González Jure “ha procedido a querellarse en contra de un periodista que ha recibido fuentes reservadas de estos antecedentes. Todo indica que se debe investigar NO querellar. La denuncia es de la máxima gravedad”.
La investigación periodística de Patricio Mery relata cómo el 30 de agosto de 1988, Gustavo González Jure, por aquel entonces capitán de la 13° Comisaría de La Granja, presumiblemente disparó con un arma UZI para disuadir una muchedumbre que se manifestaba en contra de Pinochet, lugar en el que se ubicada el desdichado joven, Sergio Albornoz, quien según el informe Rettig, murió por una bala, víctima de la violencia política.
Pero hay más detalles no oficiales, pues en la misma investigación se explica cómo González Jure llamó aquella vez a su padre, el general González, para pedirle al subteniente (que en la actualidad es teniente coronel) Miguel Ángel Ortiz que se inculpara, a cambio de mantenerlo como ha sido hasta ahora en la institución, pero con una baja condena. Hechos que fueron memorados por el sobrino de Miguel Ángel Ortiz, el teniente de Ejército, Ignacio Avello Ortiz, en entrevista con Panorama News.
Ante estos antecedentes, el senador Alejandro Navarro denunció que “(Carabineros) no puede tener a González Jure al mando, mientras dure esta investigación. Porque los hechos acreditan de manera fehaciente que ocurrieron. Hay un principio de verdad, los denunciantes incluso, uno de ellos es teniente del Ejército, dan cuenta de una necesidad de investigar”.
Navarro explicó que “es imposible una investigación de Carabineros a su general director con éste al mando”. Y añadió que “esta situación es también política y el gobierno que nombró a González Jure no puede hacer vista gorda”. El Senador comentó que éstas son denuncias en las que si no se actúa con transparencia la institución se verá muy afectada. “No me cabe en la cabeza que el Presidente Piñera no fuera informado de esto antes de la designación”, aseveró Navarro, a lo que sentenció: “Ésta es responsabilidad del encargado de Seguridad Ciudadana y jefe político del gobierno ministro Rodrigo Hinzpeter. El Presidente no es el que chequea las informaciones de inteligencia”.
El presidente del MAS advirtió que “si el gobierno deja este caso al libre albedrío le va estallar en la cara. Estos dos últimos años no admiten errores menos de esta envergadura”, y dijo: “Solo espero que Hinzpeter no culpe a los fiscales o a los jueces de garantía, pues ellos no designan al general director de Carabineros”.
“No me extraña que esta investigación quiera ser ocultada”
El pasado 12 de octubre el general director de Carabineros Gustavo González junto a su abogado, el oficial Jorge Parra Aguilar, concurrieron hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para presentar una querella criminal por injurias y solicitar la pena máxima a ser aplicada en contra del periodista Patricio Mery. Lo que le significaría tres años de presidio y un pago de 150 UTM, sin considerar los gastos en defensa jurídica.
Para el 25 de noviembre estuvo calendarizada una audiencia en el mismo Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cita a la cual Patricio Mery no asistió, porque no fue notificado nunca de esto. A consecuencia de ello, en 11 minutos el juez Jaime Fuica del Séptimo Juzgado de Garantía a través de un acuerdo con el abogado de Carabineros, Jorge Parra, pidieron detener inmediatamente al periodista.
Ante esta situación, Mery presentó un recurso de amparo preventivo junto a su abogado Rubén Jerez, del Departamento de DDHH de la CUT y el abogado James Mery-Bell, ambos que patrocinan esta causa, puesto que Mery no fue notificado de la audiencia realizada el 25 de noviembre.
Al Senador como a Mery le preocupa que “el recurso de amparo no se vea aún en la Corte. Lleva más de 48 horas y todavía no hay respuesta. Es una situación anómala, pues la justicia tiene 24 horas para verlo”. Navarro afirmó que “Patricio Mery ha seguido una investigación periodística que sólo debe ser desvirtuada o refutada con una investigación institucional y por los tribunales”.
“Ya pasaron los tiempos del silencio por miedo y la persecución a periodistas”, expresó el Senador a lo que consideró: “No me extraña que esta investigación quiera ser ocultada. La verdad ha estado oculta ya por más de dos décadas”.