Concejal Peñalolen (PS)
Tiempo de Morir
10 adolescentes han muerto en un recinto del Estado llamado "Tiempo de crecer".
Ha quedado demostrada la incompetencia para resguardar el derecho básico a la vida de los adolescentes comprometidos en infracciones a la ley. Ha sido desnudada la incapacidad para asegurar que los recintos de detención tuvieran las condiciones adecuadas para mantener a los adolescentes y niños en prisión y más aún con algún programa de rehabilitación y reinserción social. Se ha evidenciado, dolorosamente, que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) no han sido atendidas en tres aspectos centrales: "Proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra daño". Se ha violado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en su artículo 37 inciso c que señala que: "Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad". Estamos en presencia de una grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.
Este gravísimo hecho requiere no sólo de sumarios internos. Como bien lo ha señalado el Director de SENAME, la responsabilidad por lo ocurrido no es de los "amotinados" -como lo afirmó la Seremi de la X Región-, es del propio Estado.
Es claro que la ley Nº 20.084, la misma que bajó la edad de responsabilidad penal a los 14 años y desconoció el criterio de privación de libertad como medida de última instancia, ha dejado un resultado macabro y previsto por la Comisión de Expertos que funcionó previa a su puesta en vigencia. También es evidente que las promesas de inversión no se han cumplido, ni en el campo de la infraestructura ni en personal calificado para re-socializar y reinsertar a los adolescentes. No sólo el Centro de Puerto Montt carece de condiciones dignas para un proceso de rehabilitación, también el Centro Tiempo Joven en San Bernardo y otros similares.
Pero existe otro problema. La "filosofía" de la rehabilitación bajo prisión es un engaño. Aquellos que apoyaron la prisionización de las penas deben asumir que cometieron un grave error, pues lo que se requiere es incrementar la calidad de la intervención en el medio libre, cambiando las vidas de ellos y no coartándolas. La prisión debe ser sólo para los adolescentes que cometen crímenes violentos.
Las muertes son un mensaje terrible, que debieran cambiar el rumbo y la prioridad que tienen los niños y adolescentes chilenos y en particular los excluidos. Hay adolescentes y niños sin oportunidades, con vivencias familiares y escolares degradadas y la respuesta del Estado es de una violencia material y simbólica que lo que reproduce es mayor violencia. La pretensión institucional de aplicar la violencia sobre un problema social es infructuosa y llevará a un ciclo impensable en las calles y en las cárceles.
La re-estructuración de Sename, ligada a la aprobación de su presupuesto es una buena medida si se calibra la dimensión de la decisión. Esta debiera abrir paso a una institucionalidad global para los niños y adolescentes y no sólo para los infractores, pues es lo que permitirá prevenir esto último. En ella debe contemplarse como necesidad la figura del Defensor del Niño y la Niña, como figura autónoma que permita monitorear el estado de los derechos de los niños, proponer reformas legales, instruir a la administración pública para adecuar las deficiencias en la atención, promover campañas y otras facultades que fiscalicen a quienes operan sobre los niños y adolescentes. Hay que complementar el esfuerzo del sistema de protección social de niños menores de seis años de "Chile Crece Contigo", con un sistema que cubra hasta los 18 años, que esté coordinado territorialmente y dirigido a esa población sin discriminación de ingresos. Debe generarse una autoridad política del área para coordinar, gestionar y evaluar las acciones que se desarrollan en las áreas de educación, salud, protección de derechos, deportes y vivienda, haciendo realidad el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia.
Es tiempo de actuar no sólo para evitar estas tragedias, sino para demostrar que los niños y adolescentes excluidos tienen un país que les ofrece oportunidades para un desarrollo integral. Esta es una tarea de primer orden.
Osvaldo Torres G
Antropólogo
Director Ejecutivo
ACHNU
10 adolescentes han muerto en un recinto del Estado llamado "Tiempo de crecer".
Ha quedado demostrada la incompetencia para resguardar el derecho básico a la vida de los adolescentes comprometidos en infracciones a la ley. Ha sido desnudada la incapacidad para asegurar que los recintos de detención tuvieran las condiciones adecuadas para mantener a los adolescentes y niños en prisión y más aún con algún programa de rehabilitación y reinserción social. Se ha evidenciado, dolorosamente, que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) no han sido atendidas en tres aspectos centrales: "Proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra daño". Se ha violado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en su artículo 37 inciso c que señala que: "Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad". Estamos en presencia de una grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.
Este gravísimo hecho requiere no sólo de sumarios internos. Como bien lo ha señalado el Director de SENAME, la responsabilidad por lo ocurrido no es de los "amotinados" -como lo afirmó la Seremi de la X Región-, es del propio Estado.
Es claro que la ley Nº 20.084, la misma que bajó la edad de responsabilidad penal a los 14 años y desconoció el criterio de privación de libertad como medida de última instancia, ha dejado un resultado macabro y previsto por la Comisión de Expertos que funcionó previa a su puesta en vigencia. También es evidente que las promesas de inversión no se han cumplido, ni en el campo de la infraestructura ni en personal calificado para re-socializar y reinsertar a los adolescentes. No sólo el Centro de Puerto Montt carece de condiciones dignas para un proceso de rehabilitación, también el Centro Tiempo Joven en San Bernardo y otros similares.
Pero existe otro problema. La "filosofía" de la rehabilitación bajo prisión es un engaño. Aquellos que apoyaron la prisionización de las penas deben asumir que cometieron un grave error, pues lo que se requiere es incrementar la calidad de la intervención en el medio libre, cambiando las vidas de ellos y no coartándolas. La prisión debe ser sólo para los adolescentes que cometen crímenes violentos.
Las muertes son un mensaje terrible, que debieran cambiar el rumbo y la prioridad que tienen los niños y adolescentes chilenos y en particular los excluidos. Hay adolescentes y niños sin oportunidades, con vivencias familiares y escolares degradadas y la respuesta del Estado es de una violencia material y simbólica que lo que reproduce es mayor violencia. La pretensión institucional de aplicar la violencia sobre un problema social es infructuosa y llevará a un ciclo impensable en las calles y en las cárceles.
La re-estructuración de Sename, ligada a la aprobación de su presupuesto es una buena medida si se calibra la dimensión de la decisión. Esta debiera abrir paso a una institucionalidad global para los niños y adolescentes y no sólo para los infractores, pues es lo que permitirá prevenir esto último. En ella debe contemplarse como necesidad la figura del Defensor del Niño y la Niña, como figura autónoma que permita monitorear el estado de los derechos de los niños, proponer reformas legales, instruir a la administración pública para adecuar las deficiencias en la atención, promover campañas y otras facultades que fiscalicen a quienes operan sobre los niños y adolescentes. Hay que complementar el esfuerzo del sistema de protección social de niños menores de seis años de "Chile Crece Contigo", con un sistema que cubra hasta los 18 años, que esté coordinado territorialmente y dirigido a esa población sin discriminación de ingresos. Debe generarse una autoridad política del área para coordinar, gestionar y evaluar las acciones que se desarrollan en las áreas de educación, salud, protección de derechos, deportes y vivienda, haciendo realidad el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia.
Es tiempo de actuar no sólo para evitar estas tragedias, sino para demostrar que los niños y adolescentes excluidos tienen un país que les ofrece oportunidades para un desarrollo integral. Esta es una tarea de primer orden.
Osvaldo Torres G
Antropólogo
Director Ejecutivo
ACHNU
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