Por Antonio Ovando
Ex Director de Fundación Don Bosco
Seguimos tratando como delincuentes a los menores en problemas, mientras las autoridades enseñan con su ejemplo a la juventud que los poderosos no responden por sus actos u omisiones
Antonio Ovando S. (10/07)LA REHABILITACION DE niños y jóvenes con problemas asociados a la delincuencia, adicciones y la exclusión social representa un desafío para todas las sociedades, especialmente en nuestra América Latina. A pesar de que existen las propuestas y proyectos cercanos, humanizantes y posibles de desarrollar y a la vez instituciones de reconocido prestigio en los distintos sectores, este asunto se ha convertido en un tesoro para quienes manejan el poder de decisión. Se insiste en la añeja mirada encarceladora y represiva, la cual es no sólo indigna, sino que brilla por sus fracasos en los países desde donde algunos de nuestros especialistas se empeñan en importarla.
Mi experiencia junto a familias y jóvenes que viven esta circunstancias me ha impelido a redactar esta columna. Quiero invitarles a acompañar a quienes sufren el dolor hoy día y a la vez a tomar iniciativas personales, familiares y comunitarias que impidan que estos hechos vuelvan a suceder
EL HILO POR LO MAS DELGADOLa muerte de jóvenes en centros de reclusión no es nueva en Chile. Sucesos como los ocurridos en Puerto Montt se han tornado, por desgracia, en frecuentes en las últimas décadas en nuestro país. La Serena, Temuco, San Bernardo y la tragedia de la denominada Casa de Menores San Francisco son algunos que ahora recuerdo y que, estoy cierto, permanecen en la memoria de quienes por años hemos promovido, quizá sin mucho éxito, la atención digna para niños y jóvenes que por distintos motivos deben permanecer en estos recintos. La muerte y el dolor humano parecen ir de la mano de muchas personas. Madres y familias, educadores y profesionales sufren con estos asuntos tan delicados. Nadie podría siquiera imaginar una mala intención de quienes diseñan, ejecutan o toman las decisiones en lo tocante al inicio el aplazamiento de los proyectos. Sin embargo, y de acuerdo a mi experiencia en el trabajo en esta área, puedo afirmar con la misma certeza de que nadie está en verdad dispuesto a responder y asumir verdaderamente las responsabilidades que emergen de los errores cometidos en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Probablemente el reacomodo político permita, con la complacencia nuestra, iniciar sumarios que nunca terminan y no faltará quienes obtengan réditos políticos y de distinta índole de tan dolorosa situación. Otros intentarán aumentar las medidas de control y se sumarán a quienes reducen todo el problema a unas colchonetas inflamables o a la responsabilidad de un educador que no habría realizado la intervención correcta. Sendas declaraciones de organismos públicos y privados ornamentarán y convertirán en un espectáculo paradojal el camino al cementerio cercano.
No son responsables los gendarmes. Nunca lo han sido; no es su rol, no es su función ni están formados para eso. Tampoco cabe culpar a las organizaciones de trabajadores del Sename. Existe certeza de que cuando se habla de rehabilitación de adolescentes con problemas delincuenciales y drogadiccionales asociados a la privación de oportunidades para el desarrollo se necesita un ambiente adecuado, propuestas modernas y pertinentes y personas preparadas para aplicarlas. UN ENFOQUE REPRESIVOEn nuestro país se ha instalado, desde hace muchos años, la idea punitiva y sanitaria que trata como enfermos o delincuentes a los jóvenes en problemas. No es casual que el Servicio Nacional de Menores dependa del Ministerio de Justicia, ni tampoco que los asuntos de drogas estén vinculados a la psiquiatría clásica y al control social. Tampoco es casual que en sus propuestas tengan relevancia menor los asuntos sociales y educativos, a la hora de identificar causalidades y vías de abordaje. Por ahí podríamos buscar responsabilidades.
El debate de años en torno a la Ley de responsabilidad adolescente permitió a los distintos actores exponer sus visiones, proyectos e ideas. Los medios de comunicación nos muestran aún diario la realidad de las cárceles de adultos y jóvenes. Se han vivido intensos debates. El asunto de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente en el que están circunscritos los temas relacionados con el Sename, el Conace y otros organismos públicos son motivo de disputas partidarias, lo que ha impedido a nuestros líderes ir un poco más allá con sus propuestas. Al parecer el debate no ha servido de mucho, segùn se deduce de las facilistas y superficiales explicaciones dadas por nuestras principales autoridades. El discurso frente a los dolorosos hechos de Puerto Montt así lo indica.
La ley de responsabilidad adolescente ha puesto en el debate la actualización necesaria desde la perspectiva jurídica. Sin embargo, la ortodoxia y los personalismos presentes en los organismos públicos, unidos al desconocimiento experiencial y las debilidades y lejanías de los académicos configuran un escenario confuso por decir lo menos. No es casual, tampoco, que las principales experiencias innovadoras y exitosas se encuentren en el ámbito de la sociedad civil. En Chile, prestigiadas instituciones y personas con distintas fuentes inspiracionales han dedicado sus mejores esfuerzos a la prevención, la rehabilitación y la reinserción de niños y jóvenes con dificultades. Casualmente, sin embargo, no tienen ni han logrado tener una incidencia mayor a la hora de las definiciones estructurales.Pareciera que es necesario abrir espacios. Estoy cierto que cuando los chiquillos inician su motín no consideran que el calor dilata los metales, lo que impide abrir las puertas a la hora de la desesperación.
Existen varios asuntos en los cuales los chilenos estamos cerrando la puerta por dentro. Y el calor sigue aumentando.
Las organizaciones no gubernamentales están desafiadas. Los padres cuyos hijos han muerto o permanecen en estos centros también. Es tiempo de crecer.
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